¿tIENEN algo que decir los profesionales de la intervención social en estos tiempos convulsos? ¿Su papel profesional, su práctica, sus estrategias, su visión, su análisis de la realidad, esa realidad que cada día les escupe dosis de exclusión, precariedad y pobreza extrema, pueden aportar algo para reconstruir un nuevo modelo de intervención social realmente liberadora y repolitizada? ¿Es necesaria una nueva reconceptualización de la propia profesión, la del Trabajo Social ante los enormes cambios sociales y económicos de los últimos 20 años? ¿Es la actual intervención social un arma al servicio del sistema tardocapitalista, un protector estomacal del neocapitalismo social actual? ¿Qué representa la intervención profesional ante un mundo que mira para otro lado, que justifica más que explica por qué ocurren las cosas, que ha perdido toda capacidad crítica, que ha sucumbido a los funerales de toda razón y al enterramiento de la invectiva social radical?

Me hago estas preguntas mientras cada día asisto, en primera persona, al relato de varias biografías segmentadas por el fracaso y la exclusión. Un fracaso que no es propio, sino más bien inducido, adjudicado por decreto. Un fracaso social, cierto, pero gestionado y transferido al individuo en forma de precarización y exclusión, dos variables del nuevo hipercapitalismo de consumo.

El Trabajo Social como profesión en el reino de España es una disciplina relativamente nueva, aunque su práctica protosocial puede encontrarse ya operativa en el siglo XIX. Y es que con el avance de la industrialización surgirán nuevos problemas y necesidades en la Europa de ese siglo revolucionario. Pero aquí esas necesidades serán mayores dada la existencia de problemas congénitos como las crisis agrarias, las guerras y las graves epidemias. El primer intento de ordenamiento general de Beneficencia en España fue consecuencia de la Constitución de 1812. Años más tarde, en 1849, se promulgó Ley General de Beneficencia Social. Pero habrá que esperar más de un siglo, hasta 1978, cuando, al amparo de la Constitución, los ayuntamientos asuman competencias legislativas en materia de protección social ampliadas y complementadas por las comunidades autónomas. Ello ocurre en un tiempo en que la profesión aún no estaba asentada. Porque la Iglesia y las entidades católicas, a través del apostolado social, gestionaban y amortiguaban gran parte el malestar social imperante. Así que la profesión arrancó su andadura con esas hipotecas. Y es que en ese tiempo se militaba más que se ejercía la profesión, un tiempo en que aún faltaba una consolidación institucional de los servicios sociales de protección social en España, consolidación que se hará efectiva a partir de la década de los años noventa del siglo pasado.

Y esa consolidación institucional vino a coincidir con la gran revolución posmodernista de la primacía del yo y los derechos individualizados que se consolida con el tardocapitalismo de consumo. Un tardocapitalismo que particulariza las sociedades, que individualiza a los sujetos y sus deseos, sus territorios, sus fronteras, sus aspiraciones, que transfiere, en ese afán de individualizar, hasta la propia culpa como elemento bloqueador de toda resistencia. Y en esto, los trabajadores sociales, como producto público y privado de contención paliativa del descontento personal y social, tienen mucho que decir, porque están plenamente implicados en la gestión de ese malestar. Y lo están porque su tarea, de momento, no responde ante derechos objetivos y universales, como la educación o la salud, sino ante derechos subjetivos los cuales solo se activan en la medida que se cumplan requisitos de orden personal, familiar, económico o social.

Los servicios sociales han actuado como sistema de protección social a lo largo de los últimos 20 años, cierto, pero hoy su papel requiere un nuevo abordaje más allá de la formulación política que debiera presidirlos, como un sistema universal libre de contraprestaciones y requisitos previos para su disfrute. Creo que los trabajadores sociales, y la propia profesión, deben liberarse del peso de su propia memoria histórica, esa que aún les impide afrontar con radicalidad su profesión y rol social. Y no digo que haya que militar en este trabajo. Tampoco que haya que reconvertir en apostolado nuestra profesión, ni atrincherarnos contra el orden social segmentalizante y excluyente; digo que al trabajo social actual le hacen falta miradas críticas y radicales, para repolitizar, insisto, no la profesión sino el discurso, los análisis y diagnósticos que realizamos, tanto de carácter personal como social y comunitario, para repolitizar nuestros enfoques, esos que, al parecer nos impiden descifrar las claves que presiden las desigualdades, esas con las que diariamente nos enfrentamos. Esta profesión no se ha visto libre de los procesos de mejora, calidad, satisfacción, organización y demás epítetos que presiden las estrategias productivas insertadas en el mundo capitalista. Y, aun siendo necesarios, creo que han primado sobre otras estrategias de intervención. Y es que se está consumando una nueva taylorización del trabajo social que deconstruye las exigencias básicas de la profesión: calidez, cercanía, empatía y atención.

Finalmente creo que los procesos de intervención social están sometidos en la actualidad a varias estrategias perversas. El tardocapitalismo de consumo ha privatizado los cuerpos, los ha individualizado y en este interés por individualizar incluso las almas, ha conseguido transferir la culpa de los malos sociales hacia los individuos, los cuales asumen, muchas veces en connivencia con ciertas prácticas de intervención social, su propia derrota como consecuencia exclusiva de su inadaptación al sistema, el cual intenta centrarlos aun a sabiendas que su inclusión siempre será periférica. Si además, las redes sociales de protección se han privatizado, segmentalizado o desaparecido, las fragilidades emergen sin posibles redes de resguardo. Queda el individuo entonces a merced de un sistema que se limita a paliar en vez de incentivar la inclusión real.

Urge pues una repolitización del discurso social, pero sobre todo de los análisis respecto a la intervención social, más aun en tiempos de crisis, una crisis que requiere, además de recursos públicos, nuevas lecturas para identificar aquellos procesos que persisten como determinantes exclusógenos de casi nueve millones de pobres en el reino de España. Ése es el reto.