UE no se entiendan estas líneas como un intento de frivolizar sobre el tema sino como una aportación que pretende desdramatizarlo, que creo que es lo que necesita.
Abortar o Interrumpir Voluntariamente el Embarazo (IVE) es algo que demasiado habitualmente se pinta con colores oscuros y no siempre es así, y no tiene por qué ser siempre así. En mi caso, por lo menos no fue así. Para mí fueron días felices y ahora, bastantes años después, así los recuerdo.
Creo que nunca he sentido la agradable sensación que produce el usar del derecho a decidir de una forma tan intensa como la sentí en aquellos días de mi juventud. Diría que fue la primera vez que de verdad saboreé lo que supone la independencia económica que me permitió llevar adelante mi decisión y añadiría que, en ningún momento, me sentí culpable ni víctima de nada, a pesar de que en aquel momento estaba penado por la ley. Supongo que, en gran medida, debido a la ausencia de culpabilidad desde el punto de vista físico no fue más doloroso que una regla molesta. Me alegro de no haber delegado mi decisión en nadie y eso es algo de lo que me siento orgullosa.
Ya sé que no es siempre así, pero si expongo mi caso es porque no es un caso aislado. Como yo, muchas mujeres que han estado en la disyuntiva de abortar o no, han abortado con libertad y con la responsabilidad que lleva asociada; con garantías sanitarias (eso sí, pagando) y sin tener ningún sentimiento de culpabilidad debido a motivos religiosos, éticos o penales. Lo realmente lamentable es que a estas alturas de la vida la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo de forma libre dentro de unos plazos sea un delito contemplado en el Código Penal y que su práctica siga siendo sistemáticamente relegada a la sanidad privada.
Independientemente de las circunstancias en las que se haya producido el embarazo, si no hay más que una posibilidad, no hay elección, no hay opción, no hay libertad, no hay más que frustración. Traumático tiene que ser verse obligada a asumir para toda la vida una maternidad que en ningún momento estaba planteada en la relación sexual que ha dado origen a la fecundación del óvulo femenino; lo que, dicho sea de paso, tampoco es algo tan extraordinario en la larga vida reproductiva de una mujer que hasta hace muy poco era el único miembro de la pareja sobre el que recaía la responsabilidad de tomar medidas anticonceptivas. Igual de traumático tiene que ser verse obligada por las circunstancias de la vida a abortar el desarrollo de un embrión que se desea gestar.
No hay libertad sin elección, esto es lo que nos humaniza. Parece ser que una vez más es la condición humana lo que algunos pretenden escamotear a las mujeres. Aquellos que han bramado y siguen bramando en contra de reconocer el derecho de una de las opciones, la de abortar, no creo que aporten nada al proceso de humanización, quizás lo divinicen pero humanizar lo que se dice humanizar no humanizan nada. Aquellos que defendemos este tipo de derechos civiles que tienen que ver con la vida y la muerte, como son el aborto o la eutanasia, no obligamos a nadie. Defendemos el derecho a decidir con libertad, sea cual sea la opción que se tome, sin verse obligado por las circunstancias. Respetamos profundamente a aquellas personas que por las razones ideológicas que sean nunca tomarían determinadas decisiones. Me parece muy bien y muy loable que no lo hagan, lo que no es admisible es que su ideología sea un obstáculo a mi libertad. Pienso además que, como en el caso del divorcio, lo que da sentido a su decisión es precisamente que pudiendo hacerlo no lo hacen por coherencia con su ideología.
Más allá de esto, el revuelo y la polémica que está generando actualmente el anteproyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva puesto en circulación por el Gobierno de Madrid no dejan de ser campañas orquestadas por los sectores sociales de ideología más integrista para sacar a pasear viejos fantasmas, crear miedo, recelo y confusión en la sociedad. Algunos, como el cardenal Cañizares y la institución a la que representa, se retratan con sus propias palabras. No merecen mayor comentario, si es caso diría que las últimas declaraciones de este señor a mí me han sonado a apología de la pederastia.
No entiendo el revuelo ante este anteproyecto de ley que no hace sino equipararnos a países de referencia para nosotros como Francia, Alemania, Italia o Gran Bretaña; anteproyecto que, recogiendo las orientaciones aprobadas por la Comisión de Igualdad del Congreso de Madrid con el apoyo del PSOE, BNG, ERC, IU-ICV y NaBai, propone sacar la Interrupción Voluntaria del Embarazo del Código Penal y establecer, en el marco de los derechos civiles que conciernen la salud sexual y reproductiva, una ley de plazos en los que se podrá abortar sin alegar causa alguna dentro de la cobertura de la Seguridad Social. No puede ser de otra manera, y así se ha instado desde la Juntas Generales de Álava con el apoyo del PSE, ANV, EA, Aralar y EB.
Y no puede ser de otra manera incluso en los aspectos más polémicos de este anteproyecto, como la edad mínima para acceder a esta prestación de forma libre. En este caso tampoco se obliga a ninguna chica a no contárselo a sus padres o a no seguir sus recomendaciones.
Comprendo la preocupación de los padres, no por la ley sino por la posibilidad de que una hija suya se embarace a los 16 años. A ellos les diría que con los hijos, aparte de educarlos desde la infancia, con amor, en la responsabilidad que implica la libertad, poco más van a poder hacer una vez que llegan a adolescentes; no hay ninguna ley que pueda remediar el fracaso que para unos padres pueda suponer el que una hija adolescente se quede embarazada, no quiera ponerles al tanto de la cuestión o no quiera seguir su consejo. A la Iglesia, que establece en su Código Canónico en los 14 años la edad mínima para contraer matrimonio para las mujeres (16 años para los varones), y a pesar de las matizaciones que ha ido introduciendo de hecho para adecuarse a las leyes civiles, me ahorro darles recomendaciones. Y, finalmente, al Gobierno de Madrid le pediría celeridad y valentía en la tramitación de los diferentes pasos que este anteproyecto tiene que cumplir antes de ser presentado en el Congreso como proyecto de ley orgánica.