N el mes de mayo de 2009 se ha juzgado al ex alcalde de Egüesibar por unos hechos ocurridos en el año 2003. La sentencia del Juzgado de lo Penal le condena a un año de prisión por un delito de prevaricación (al dar una licencia para construir un aparthotel a sabiendas de que la misma era ilegal al no corresponderse con el uso escolar asignado a la parcela), y a una multa de 31.500 euros por un delito de negociación prohibida a funcionarios (además de la licencia ilegal, el entonces alcalde percibió 23 millones de pesetas por mediar en la venta de la parcela).
Por esas mismas fechas, un juzgado de lo penal de Pamplona ha dictado condena de 2 años y medio de prisión contra un drogadicto por el robo de 385 euros. Y el Tribunal Supremo acaba de confirmar una sentencia de la Audiencia de Murcia por la que se condena a 3 años y seis meses de prisión a una trabajadora sexual por robar 430 euros a un cliente. Y eso sin sacar a colación el número de años de prisión que están cayendo a jóvenes acusados de quema de cajeros, desobediencia civil, rebeldía contra grandes infraestructuras y otras cuestiones que están en la mente de cualquiera.
Cuánta razón tenía el castizo cuando decía: No hace falta que se ponga una venda a la justicia, ¡ya está ciega del todo! , o aquello de No hay poeta que se haya tomado tantas libertades al interpretar la naturaleza como los juristas las leyes .
Si consideramos que este tipo de conductas de los políticos merece esta ridícula deferencia jurídica, ¿por qué no se modifica de una vez el Código Penal y se incluye a los delitos de corrupción de los cargos públicos claramente como delitos menores, o mejor como simples faltas sancionables con una multa administrativa?
Pero, aún y todo, el mayor problema de esta sentencia no es que demuestre con una pena de chiste que prevaricar resulta rentable, sino que desnuda las limitaciones del sistema judicial para impartir justicia, sobre todo por las cuestiones que deja en el tintero. La asociación vecinal Urbi del valle de Egüés viene denunciando desde el año 1999 la corrupción y la mala gestión administrativa en el Ayuntamiento. De hecho, fue junto con algunos concejos y otros organismos quien inició, presentando una denuncia ante el fiscal, el proceso que ha acabado de forma tan triste. Hemos sido testigos de primera mano de las prácticas de un auténtico sátrapa, en donde la licencia para el aparthotel no es sino una gota más en un chorreo constante desde varios años antes, y que no ha cejado de fluir.
Para una buena parte del vecindario del valle el denominado caso Egües es algo más que la triste historia de un arribista. Es una buena muestra de una determinada práctica política. ¿O acaso piensa alguien que una persona sin ninguna conexión con este valle, en el que aterrizó por casualidad, puede en diez años ser propuesto en dos legislaturas como alcalde y montar el solo todo el entramado de empresas que montó?
La justicia no ha podido o no ha querido entrar a valorar cómo el modelo social que ha representado Egüés es el modelo imperante en Navarra en los últimos años; es decir: desarrollismo salvaje (campos de golf, pantanos, canales, autovías, museos, baluartes, trenes de alta velocidad) y enriquecimiento rápido. No ha querido o no ha podido entrar a valorar cómo detrás del escándalo Egüés aparecen la misma Caja de Ahorros (ARICAM) o CETYSA, empresa que ejecuta las obras públicas de mayor envergadura en Navarra (canal, autovía Pamplona-Logroño...). Todo ello caldo de cultivo de la corrupción que se ha dado y puede darse en el futuro.
La justicia sólo puede ser comprendida como efecto de las condiciones económicas y sociales, y resulta palmario que el poder económico y el reconocimiento social lo ostentan quienes cometen estos delitos (¿o se debe decir faltas?), quienes forman parte del propio sistema dominante. Y el estamento judicial no puede ir contra el sistema en el que ocupa un lugar privilegiado.
Así que una vez más, nos quedamos con la amarga sensación, como decía Platón, de que "la peor forma de injusticia es la falta de justicia".
