SAN SEBASTIÁN. Gran polvareda la que ha levantado el Tribunal Constitucional al rectificar al Supremo y rehabilitar el derecho de la candidatura Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos a participar en las próximas elecciones europeas. La decisión protagonizó el primer día de campaña y va camino de mantenerse en primer plano los próximos días, después de que los promotores de la lista se negaran ayer a condenar de nuevo la violencia por considerarlo un gesto "simplista" y anunciar que una de las líneas argumentales de su actuación será defender una solución "dialogada, política y democrática al conflicto entre el Estado y un sector muy significativo del pueblo vasco".
La resolución del TC, que declara nulo el auto de la Sala del 61 que dejó a II-SP fuera de la contienda electoral, llegó marcada por la división de opiniones. Mientras el Gobierno se limitó a acatar y "respetar" la sentencia, aunque anunciando que "vigilará" los pasos que dé la lista encabezada por Alfonso Sastre, el PP lideró el grupo de los que advierten que "alguien tendrá que asumir responsabilidades" si esta candidatura acaba defendiendo a ETA en Europa.
En medio de la cascada de valoraciones, destacaron las voces de los sindicatos policiales SUP y CEP diciendo que con este fallo se va a dar "un balón de oxígeno a ETA" y la pataleta de la Fiscalía General del Estado, que aseguró "respetar" la resolución pero aseguró que "discrepa radicalmente" porque entiende que había suficientes pruebas del vínculo de II-SP con Batasuna.
Entre valoración y valoración, tuvo lugar en Madrid la comparecencia más esperada, la de los portavoces de la lista rehabilitada, que alimentaron aún más la polémica. El portavoz de la candidatura, Luis Ocampo, eludió contestar a la pregunta del millón ayer -si condenaba a ETA- y dijo que no se puede pretender solucionar con una "simpleza" como un "si o un no a la violencia" un problema que "lleva décadas sin resolverse". Para mayor revuelo, dijo que los integrantes de II-SP aceptarían encantados que Batasuna pidiera el voto para ellos. "Estaríamos absolutamente satisfechos de que la gente que tradicionalmente vota a la izquierda aber-tzale considerara que esta candidatura merece su confianza política", aseguró.
DIMISIÓN DE RUBALCABA Ocampo puso la puntilla final pidiendo la dimisión de Alfredo Pérez Rubalacaba por el "esperpento" que a su juicio ha provocado al poner bajo sospecha a Iniciativa Internacionalista y "orquestar" una "campaña de criminalización" en su contra.
Lo más relevante de la resolución del TC, que por primera vez rectifica íntegramente un proceso abierto contra una candidatura o sigla política al albur de la Ley de Partidos -con las listas de ANV lo hizo parcialmente-, es que lo determinante en su posición no ha sido la condena expresa de la violencia que incluye Iniciativa Internacionalista en su recurso de amparo ante esta instancia, sino la falta de pruebas de sus supuestos lazos con Batasuna.
Aunque el Constitucional valora que II-SP haya mostrado un "claro rechazo y condena del uso de la violencia para la obtención de objetivos políticos en el marco de un Estado Democrático", lo más determinante en su posición ha sido "la insuficiente entidad probatoria de los indicios manejados por el Tribunal Supremo". Desde su punto de vista, pruebas tan endebles no pueden justificar "el sacrificio de los derechos fundamentales de participación política en términos de igualdad y de libre defensa y promoción de la propia ideología" de esta sigla. Ante esta falta de indicios solventes de su nexo con Batasuna, el TC señala que ni siquiera hubiera sido necesario oponer el "contraindicio" del rechazo a la violencia.
Frente a las dudas que albergó el Supremo a la hora de valorar esta lista -en la Sala del 61 hubo cinco votos discrepantesl-, la del Constitucional fue una resolución sin fisuras. Los seis magistrados que componen la Sala Segunda del TC decidieron por unanimidad rectificar al Supremo, precisando que para cerrar el camino de II-SP a las elecciones europeas se basó en "indicios de los que sólo puede desprenderse la asunción de una ideología política" cercana a Batasuna, pero "en ningún caso la realidad de una trama defraudatoria al servicio de una organización terrorista".
La decisión, expuesta al eco europeo que puede tener esta noticia en plena campaña, supone un mazazo para la Fiscalía y para el Gobierno, que advirtió ayer a través de María Teresa Fernández de la Vega que la Abogacía del Estado "no bajará la guardia" para que "nadie intente burlar la Justicia por vericuetos que bordeen el límite de la legalidad".
