Editorial
La televisión pública, sin anuncios
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| EL Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley que suprime totalmente los anuncios publicitarios en la televisión pública, como ocurre en Reino Unido o, más recientemente, en Francia. Se termina así con el sistema de doble financiación vigente hasta ahora (por un lado, unos 550 millones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, y, por otro, la publicidad -unos 400.000 anuncios al año entre La Uno y La 2 -), que suponía una clara ventaja en la competencia con las privadas (y que también afecta a las autonómicas, que de momento mantienen el doble sistema, pero habrán de imitar el modelo estatal). Esas cadenas ven ahora la posibilidad de hacerse con los anuncios que el ente público no va a tener, valorados en unos 500 millones de euros. Pero TVE compensará esa rebaja de ingresos por una triple vía: una subida de la tasa por el uso del espacio público radioeléctrico; un porcentaje sobre la facturación de las emisoras privadas, y otro sobre la actividad de los operadores de telecomunicaciones. Éstos tildaron la medida de "injusta, desproporcionada, dañina e ilegal" y ya advirtieron que para asumir esa tasa subirán sus tarifas de telefonía e Internet, de modo que el ciudadano se verá directamente afectado, si bien, a cambio, las 8.200 horas mensuales en que no se emitan anuncios en esos canales han de ser completadas con producción propia, lo que debe traducirse en una televisión pública de la máxima calidad. La corporación asume más obligaciones de servicio público, como incrementar en un 20% su aportación al cine y reforzar su oferta infantil, una audiencia no especialmente bien tratada, a pesar del Código de Autorregulación de los medios audiovisuales. Ahora bien, la coyuntura de crisis, que ha provocado una enorme disminución de los ingresos publicitarios en los medios (se calcula que la facturación ha caído en el primer cuatrimestre del año en torno al 40%), junto con la fragmentación de las audiencias, no garantizan un futuro excesivamente halagüeño a las privadas, que no tendrán que competir en la lucha por la contratación de derechos deportivos (a excepción de los Juegos Olímpicos), ya que el Ejecutivo ha limitado el gasto de dinero público en ese campo, ni en la emisión de películas extranjeras, siempre atractivas para el espectador, que ha de exigir su derecho a una buena televisión pública. |
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