Madrid. El Gobierno español aprobó ayer en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de financiación de RTVE, que renuncia a la inclusión de publicidad y tendrá aportaciones del Estado, las televisiones comerciales y el sector de telecomunicaciones. El texto se remitirá a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y al Consejo de Estado.
Fernández de la Vega adelantó que la eliminación definitiva de los ingresos publicitarios será "inmediata". Según explicó, la caída "sustancial" del mercado publicitario ha supuesto el principal motivo para ampliar la reducción de publicidad en TVE, prevista en el Mandato Marco aprobado en diciembre de 2007 y que, debido a la coyuntura actual, "no alcanzaba" a cumplir con el objetivo de ampliar "significativamente" la cuota de mercado de publicidad para los operadores privados.
La vicepresidenta detalló el nuevo modelo de ingresos de RTVE, que contará todavía con una "importante" aportación del Estado. El resto de los ingresos se dividirá entre los operadores de televisión privados -un 3% de sus ingresos- y los operadores de telecomunicaciones -un 0,9-. Además, el Estado contempla otro medio de financiación a través de la recaudación del 80% de las tasas por el uso del espacio radioeléctrico. La última vía de ingresos serán las actividades y la comercialización de servicios y productos. Entre las propuestas, la vicepresidenta destacó que los citados ingresos públicos sólo podrán ser destinados a actividades de servicio público, lo que supondrá la prohibición para pujar por derechos de "contenidos de gran valor". En este apartado, que establece una limitación del 10% del presupuesto anual de compras para los eventos deportivos, se exceptúan los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Además, el Gobierno incrementa del 5 al 6% la obligación de TVE de invertir en cine español.
Reacciones El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aseguró que prefiere seguir viendo anuncios en TVE antes que "pagar más por mi móvil". Por su parte, el coordinador general de IU, Cayo Lara, mostró su oposición a la decisión del Gobierno y advirtió que "no se sostiene".
Las operadoras de telecomunicaciones asociadas en Redtel subrayaron la "ilegalidad" del anteproyecto y calificaron esta nueva carga fiscal de "injusta, desproporcionada, dañina e ilegal". La Asociación de Empresas Operadoras y Servicios de Telecomunicaciones (Astel) reiteró que dicha tasa "afectará negativamente" a la inversión de los operadores y a la penetración de la banda ancha en España.
La Unión de Consumidores (UCE) pidió al Gobierno que la nueva financiación no implique subidas de tarifas para los usuarios, ya que considera "injusto" financiar los servicios públicos de radio y televisión a través de impuestos indirectos, que no tienen en cuenta la renta de cada ciudadano. >Agencias
