pamplona. Desconocía que su trabajo como promotor inmobiliario, directamente implicado en la venta de la parcela escolar de Gorráiz, y su labor como alcalde y, por tanto, concesionario de la licencia para construir en ella un apartotel, pudieran incurrir en algún conflicto legal. No son palabras textuales, pero sí uno de los resúmenes esenciales que se pueden extraer de la declaración exculpatoria que Ignacio Galipienzo prestó ayer en el juicio iniciado en el Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona, que servirá para determinar las posibles responsabilidades criminales en el escándalo urbanístico destapado en Egüés.

Galipienzo, alcalde del citado valle entre 1999 y 2003, y principal acusado en la trama de corrupción urbanística, prolongó durante más de una hora las explicaciones ante el titular del Juzgado de lo Penal número 4, el fiscal superior y el resto de las partes personadas en el procedimiento judicial, incluido el partido político Aralar en calidad de acción popular. Insistió en todo momento en que los cobros que recibió por su participación en el negocio eran plenamente legítimos y que se limitó a rubricar una licencia de obras para la construcción del apartotel basándose en el criterio favorable de sus técnicos.

El ex alcalde de UPN, que afirmó que "en Egüés, si algo se era, era ser escrupuloso", hizo hincapié en que él se limitó a "aportar la localización del terreno y al inversor", una labor por la que cobró 23 millones de pesetas. Otros 3 millones los recibió un amigo suyo, el administrador de la inmobiliaria RMA Urbana, José Luis Ruiz Bartolomé, quien negoció directamente la venta con la propietaria de los terrenos, Construcciones Flores. Galipienzo sostuvo que en ningún caso contactó con Concepción Flores para evitar despertar "su recelo empresarial", ya que él trabajaba para Aricam en esta operación urbanística.

El ex alcalde dijo que no tuvo trato alguno con Apartamentos Go-rráiz, comprador final de la parcela que Salud Laboral 3000 adquirió a Construcciones Flores. Estas dos empresas, pertenecientes a Aricam, realizaron una compraventa sucesiva del terreno por un importe superior en 2 millones de euros respecto del precio original.

Galipienzo, quien negó asimismo haber intervenido en asuntos jurídicos derivados de los usos de la parcela ("Me fiaba de mis asesores", dijo), manifestó que "en aquel momento no se me pasó por la cabeza la licencia" para edificar el apartotel. "Acababa de hacerme autónomo y en aquel momento no lo vi", subrayó. "Si hubiera pensado que había alguna incompatibilidad entre mi trabajo y mi cargo de alcalde, no habría hecho nada", abundó.

transparente para el fisco En cuanto al cobro de los "honorarios" por su participación en el negocio (23 millones de pesetas que RMA Urbana recibió de Construcciones Flores), Galipienzo declaró que parte de ese dinero "pasó a mi persona y, el resto, en octubre de 2002, a mi sociedad EGDU". "No fue para ocultar mi intervención en la operación, sino que lo hicimos así por razones fiscales y por el IVA", argumentó. El ex alcalde justificó la constitución de esa sociedad, junto a su esposa, Eva Iglesias, por el "peligro de la oposición política en el Ayuntamiento de Egüés, que rebuscaba hasta en mis papeleras o rastreaba mis cuentas bancarias en Internet, y también por el peligro del terrorismo. Hice opaca esa sociedad para la política terrorista y era totalmente transparente para la fiscalidad".

La presunta ingenuidad en el ejercicio paralelo de sus funciones como promotor y responsable municipal llegó hasta tal punto de que en el juicio manifestó que "yo no oferté nada, nos limitamos a vender un terreno y no participamos en los usos. No pensé en aquel momento que fuera incompatible", zanjó.