cinco años y cinco meses después de que se presentase la primera denuncia por supuestas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Egüés, comienza el juicio contra el ex alcalde de UPN, Ignacio Galipienzo, y otras seis personas -que pueden ser sólo tres en total si el juez aparta a Aralar de la causa-. Acusaciones de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude de un millón de euros a la Hacienda Foral, presuntos delitos por los que la Fiscalía reclama apenas 18 meses de prisión, multas y varios años de inhabilitación. Quizá por ello, esta sociedad está demasiado hecha al palo de la corrupción de los políticos y reacciona con escepticismo y creciente desinterés ante las consecuencias penales y políticas de la corrupción. Porque al final todo ese compendio de desfachateces democráticas acaba teniendo incluso alguna apariencia de explicación final más o menos apañada en los recovecos de la legalidad con la que todos acaban medianamente satisfechos aprovechando que la línea que separa el ámbito de las responsabilidades privadas y públicas queda lo más diluida posible, facilitándose así esa opacidad propicia para actuaciones corruptas. DIARIO DE NOTICIAS abrió este caso el 21 de octubre de 2003, investigó e informó a la opinión pública de las actuaciones de Galipienzo pese a que al inicio desde el presidente Sanz -quien llegó a poner la mano en el fuego por Galipienzo- hasta la cúpula de UPN, pasando por algunos empresarios, nos acusaron de difamación, amenazaban con acciones legales y defendían a ultranza al ex alcalde de Egüés, un valor en alza en UPN. 56 testigos pondrán ahora punto final al caso Galipienzo.