mugiro. Cumpliendo una orden judicial de desahucio promovida por el Arzobispado de Pamplona y Tudela, Mª Carmen Castañeda, junto a su hija, María Carmona, y su nieto, Ekaitz Goldaratz, deberán abandonar Apezetxea, la casa parroquial de Mugiro, que ha sido su hogar estas dos últimas décadas. "No nos han dado ninguna opción de alquiler o de compra", explica Mª Carmen Castañeda, quien a su 69 años se ve sin un techo y con la angustia de un futuro incierto. "Con mi pensión de 600 euros no puedo acceder a una VPO", observa.

Mostrando diferentes documentos, desgrana la historia de una cesión en precario realizada en 1984 y que ha terminado en los Tribunales. "La familia de mi marido, que vivían en Bilbao, venían a veranear a la Venta. Eligieron el lugar poniendo un punto que cayó en Mugiro. Mi suegro facilitó la traída de aguas y el pueblo le regaló un terreno. Después hicieron una casa que se vendió tras su fallecimiento. Queríamos seguir viniendo a Mugiro y mi marido llegó a un acuerdo con el párroco", explica Mª Carmen.

Así, en marzo de 1984 se firmó un contrato para 20 años. A cambio de los gastos de las obras de conservación y habitabilidad de la casa, la familia Carmona no pagaba alquiler alguno, haciéndose cargo del resto de los gastos, contribución urbana incluida. También se establecía que las partes podrían prorrogarlo. "El contrato no estaba bien hecho y estamos pagando las consecuencias", apunta María Carmona. Antes de que expirase el contrato, su padres, Mª Carmen y Jordi, solicitaron alquilar la casa o comprarla. "Nos dirigimos primero al párroco y después al Arzobispado y nos dieron esperanzas. Nos dijeron que estuviésemos tranquilos", afirma Mª Carmen, viuda desde hace tres años.

El 13 de septiembre de 2007 les llegó un burofax del Arzobispado, en el que de forma "perentoria e inexcusable", se instaba a la familia Carmona a desalojar la vivienda y ponerla a disposición de la Diócesis antes del 31 de octubre de ese mismo año, advirtiéndole de que de no hacerlo, iniciarían ante el Tribunal de Justicia el ejercicio de las acciones legales pertinentes. En el documento también se decía que "por razones exclusivamente humanitarias, se les permitió ocupar temporalmente la vivienda, absolutamente en precario pues Vd. nunca ha pagado por este uso". Mª Carmen, indignada, señala que "al principio se gastaron más de 2 millones de pesetas y después se hicieron más obras".

A partir de ahí, el asunto siguió en los juzgados. Tras perder una vista celebrada el pasado año, el abogado de oficio recurrió la resolución, pero se ha vuelto a perder. "Ahora sólo queda la orden de ejecución", se lamenta Mª Carmen. Con impotencia, señala que "queremos que el Arzobispado nos explique por qué nos tenemos que ir y para qué quiere la casa", señala. Católica y practicante, dice que no ha perdido la fe pero ha dejado de creer en la Iglesia. Su hija María se pregunta "qué tiene que ver la Iglesia católica con el mensaje que predicó Jesús". Este periódico ha intentado ponerse en contacto con representantes del Arzobispado sin éxito.

UNA CASA LLENA DE RECUERDOS Mª Carmen Castañeda teme el momento en que deba recoger sus pertenencias, cientos de objetos que forman parte de su vida cotidiana y también de su pasado, cerrando una etapa de su vida en la que esta casa ha sido fundamental. En 1988, su hijo Miguel, con 17 años, se suicidó en su habitación en Apezetxea . Lejos de querer huir de este lugar, este trágico suceso le unió más a esta casa, decidiendo que sería el hogar habitual. "En Bilbao yo no podía deshacer las maletas. Mi marido quería seguir viviendo allí. Nos costó la separación", recuerda. En esta casa también murió su madre y se ha criado su nieto. "En el cementerio de Mugiro están enterrados los tres", añade.

En plena cuenta atrás, le angustia pensar en el momento en el que tenga que cerrar la puerta. "Hay tantos recuerdos", comenta. Cuando llegué el momento no sabrán qué harán. "Tengo claro es que mi madre y mi hijo se habrán ido antes de que se ejecute la orden judicial. Yo ya veré", señala María.