pamplona. El Tribunal Supremo ha desestimado suspender de modo cautelar las obras de construcción de la cárcel de Santa Lucía-Soltxate, tras rechazar la petición cursada por el Ayuntamiento de Pamplona en ese sentido. De este modo, la más alta instancia judicial autoriza la continuación de las obras al considerar más importante la función social del centro penitenciario que la protección medioambiental de ese enclave. En todo caso, una vez dictado este auto sobre medidas cautelares, el Tribunal Supremo sigue analizando el fondo del recurso municipal.

Como se recordará, el Consistorio solicitó la paralización de las actuaciones alegando que Soltxate-Santa Lucía es una reserva paisajística según las Normas Urbanísticas Comarcales, categoría que no se ha derogado. El fundamento del recurso municipal era oponerse al acuerdo del Consejo de Ministros (28 de noviembre de 2008) que eximió a la cárcel de Pamplona del preceptivo estudio de impacto ambiental, requisito indispensable para cualquier actuación urbanística. Dicha excepción, según los argumentos del Ayuntamiento de Pamplona, "supone la inmediata ejecución de las obras en zona protegida", por lo que de no suspenderse cautelarmente las obras, "el recurso perdería su finalidad porque la ubicación de la cárcel se convertiría en definitiva, y resultaría imposible devolver la situación al estado de cosas anterior". Es decir, una vez avanzadas las obras, ya no habrá marcha atrás. Asimismo, el recurso del Ayuntamiento advertía de que "no se han examinado las diversas alternativas de ubicación".

dos intereses públicos El Abogado del Estado, por su parte, defendía la continuidad de las obras, porque "si quedara en suspenso el trámite, se frustaría la urgencia y perentoriedad del proyecto, dado el aumento de la población reclusa y la escasez de plazas penitenciarias en Navarra". Además, el Estado alega que obligar a que la construcción de la cárcel incluya una evaluación ambiental "equivaldría a la suspensión del proyecto en su integridad".

En definitiva, el auto del Tribunal Supremo señala que "concurren dos intereses públicos: la garantía de protección del medio ambiente y la residencia de la población reclusa". A la vista de ello, la sala 5ª afirma que "precisamente esta valoración de los diversos intereses públicos que convergen en este caso es lo que conduce a denegar la medida cautelar que solicita el Ayuntamiento".

Por un lado, el Supremo considera "prevalente, con carácter general", el interés público medioambiental sobre el desarrollo urbanístico. De este modo, "tal interés no puede ser sacrificado con ocasión de realizar una construcción".

No obstante, el Supremo advierte de que "la confrontación de intereses en este caso reviste unas características específicas, porque se trata de una obra pública (la cárcel) que cumple una necesidad esencial para Navarra, como es albergar a su población reclusa". Además, el Supremo afirma que "el interés medioambiental se manifiesta de un modo tenue y difuso", según la documentación aportada por el Ayuntamiento. En este sentido, el auto judicial recoge que el proyecto de cárcel establece "medidas correctoras", de lo que deduce que "la variable medioambiental ha sido tomada en consideración".

otros recursos Así las cosas, la continuidad de las obras no encuentra de momento obstáculos judiciales, si bien aún no se ha resuelto el fondo de los recursos, ni en el caso del presentado por el Ayuntamiento ni en el que lleva la Asociación de Vecinos de San Jorge. Cabe la posibilidad, por tanto, de que el Supremo falle en un futuro contra el Estado y le obligue a elaborar un estudio de impacto ambiental, aunque no queda claro si en ese caso se pararían las obras.