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Garzón acusa al tesorero del PP de recibir 1,3 millones de las empresas de la 'trama Gürtel'
Asegura también que junto a Bárcenas , el eurodiputado Galeote cobró 652.000 euros
El TSJM respalda la instrucción anterior del juez y ve indicios de delito en tres diputados regionales de Madrid
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pamplona. El juez Garzón acusó ayer al tesorero del PP y senador por Cantabria, Luis Bárcenas, de recibir 1.353.000 euros de las empresas implicadas en el caso Gürtel , y apunta, además, que el eurodiputado popular Gerardo Galeote, pudo percibir de la organización liderada por Francisco Correa, 652.000 euros. Así se desprende del auto por el que el juez, siguiendo el mandato de la Fiscalía Anticorrupción, remite la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El magistrado hace referencia al contenido de tres informes policiales sobre ambos miembros del PP, que han quedado identificados por los agentes "sin ningún género de dudas". Estos informes concretan las cantidades económicas recibidas, que incluyen la entrega a Galeote de una suma económica de 628.310 euros y la entrega de parte del precio (un total de 12.000 euros) de dos Land Rover Discovery para él y su mujer. Bárcenas, por su parte, percibió un total de 1,35 millones. Las pesquisas policiales han permitido averiguar que Francisco Correa y Pablo Crespo disponían de un archivo personal con apuntes contables encabezado con la frases "Detalles entregas L.B". El auto detalla que el tesorero del PP recibió pagos en sobres y revela que los miembros de la trama se referían a él como "Luis el cabrón".

Garzón comunica en su auto a la Sala de lo Civil y Penal del TSJM que cuenta con esta serie de evidencias, datos y elementos referidos a los dos aforados nacionales para que sean estas dependencias las que se encarguen de decidir si procede elevar la causa al Tribunal Supremo, para lo cual ha levantado parcialmente el secreto de la causa.

Madrid Por su parte la Sala de lo Civil y Penal del TSJM se declaró ayer competente para instruir el caso Gürtel y respaldó el trabajo realizado hasta ahora por el juez Garzón. Así, el alto tribunal madrileño, en un auto certifica la existencia de indicios de delito en supuestos tratos de favor dispensados por tres diputados regionales del PP hacia el entramado que encabezaba Correa. Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo (dimitido consejero de Deportes del gabinete de Esperanza Aguirre), son los imputados y, en referencia a ellos, el TSJM dice que "aparecen, entre las actividades aparentemente ilícitas objeto de investigación, la posible percepción" por parte de los tres "de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación o influencia en la adjudicación de contratos a varias empresas de personas imputadas".

El auto del TSJM, en el que ha sido ponente su presidente, Francisco Javier Vieira, desgrana los indicios de la implicación de cada uno de los tres parlamentarios. Así el escrito mantiene, respaldando a Garzón, que las declaraciones de varios de imputados y la documentación hallada en el sistema opaco de contabilidad de Correa, todo apunta "a la intervención de López Viejo, aprovechando sus cargos públicos anteriores (viceconsejero de Presidencia), para favorecer a alguna" de las empresas investigadas. A la misma conclusión llega en los casos de Martín Vasco (como consejero delegado de Fomento y Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Arganda del Rey) y Alfonso Bosch (en sus tiempos gerente de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla).>d.n.

Los populares no quieren investigar
Y mientras esto sucedía, el PP de la Comunidad Valenciana, que ostenta la mayoría absoluta en aquel territorio, vetaba, "para evitar un juicio paralelo", una propuesta del Compromís en la que se pedía crear una comisión de investigación sobre las extensiones en Valencia del caso Gürtel . Pero además, los populares imponían una prórroga a la respuesta a dos preguntas del grupo socialista en relación a Orange Market y a Construcciones Taroncher, empresas vinculadas a Correa y con contratos con la Generalitat. Asimismo, la formación de Camps rechazaba los trece recursos planteados por los socialistas contra la decisión de la Mesa de vetar las cerca de 500 preguntas presentadas por su grupo sobre los contratos suscritos por las consellerias con las empresas investigadas por la Audiencia Nacional. El portavoz adjunto del grupo popular, Rafael Maluenda, lo justificaba porque la investigación "se encuentra sub iudice". También el PP de Madrid incurría en la misma estrategia parando, gracias a su mayoría absoluta, una propuesta para que todos los consejeros del Gobierno regional expliquen en el Parlamento los contratos con empresas relacionadas con Correa. >d.n.
DESTACADOS
lA reacción
Querella criminal de Bárcenas. Luis Bárcenas ha encargado a sus abogados presentar una querella criminal contra Garzón ante la Sala II del Tribunal Supremo. El tesorero del PP ya dirigió el pasado 18 de marzo un escrito al juez recordándole que debía abstenerse de seguir realizando cualquier investigación relativa a su persona , ya que, al ser aforado, correspondería al Tribunal Supremo.
Rechazo del PP. El PP hizo público un comunicado de denuncia contra Garzón en el que expresan su "más absoluto rechazo" por el auto del juez que en su opinión "lejos de cumplimentar la remisión de la totalidad de la causa que le había solicitado el TSJ de Madrid, ha utilizado de nuevo una resolución judicial para tratar de incriminar al senador del PP por Cantabria, Luis Barcenas, y al eurodiputado de este partido, Gerardo Galeote".
el problema
Competencia. El problema puede surgir si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al que Garzón remitió parte de la causa, también se declara competente para investigar al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; y al secretario general del PP en esa Comunidad Autónoma, Ricardo Costa. Entonces habrá que determinar quien sigue la totalidad del sumario.
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