pamplona. La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha hecho saber al Ayuntamiento de Pamplona que el Estado no necesita ninguna licencia de obras municipal para construir la nueva cárcel en el enclave de Soltxate-Santa Lucía, lo que implica que continuarán los trabajos previos que llevan realizándose desde hace varias semanas.
Como se sabe, el Consistorio requirió al Estado la paralización de las obras y que justificara las actuaciones que se están realizando en la zona, y tanto el director de SIEP (Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarias), Juan José Azcona, como la propia Mercedes Gallizo respondieron a este requerimiento municipal reafirmando todo lo actuado hasta ahora por el Estado, e incluso responsabilizando al Ayuntamiento de no cumplir su labor por no acomodar su planeamiento urbanístico a las necesidades del Estado en la colina de Santa Lucía.
Es más, Instituciones Penitenciarias destaca que, si el Consistorio no emite un informe de compatibilidad con el planeamiento local, "se podrán iniciar las obras sin que el municipio pueda requerir su suspensión".
No obstante, el equipo de Barcina emitió dicho informe considerando incompatible el proyecto básico de cárcel con el Plan Municipal, por lo que el Ayuntamiento defiende su competencia para exigir licencia de obras y, si fuera necesario, solicitar la paralización de las obras.
protesta vecinal Una veintena de ciudadanos respaldó ayer a la Asociación de Vecinos de San Jorge-Sanduzelai en un acto simbólico de protesta en el futuro emplazamiento de la cárcel, en la colina de Soltxate-Santa Lucía, donde exigieron al Ayuntamiento y al Gobierno foral que no sean "timoratos" y "paralicen" los trabajos previos que ya se están realizando.
Cabe recordar que desde hace unas semanas se están marcando los terrenos y se está procediendo a la desviación y soterramiento de las canalizaciones eléctricas que se verán afectadas por la cárcel. De momento, aún no se han adjudicado los trabajos de movimiento de tierras ni la instalación de redes de media y alta tensión. Lo cierto es que ayer por la tarde había cuatro trabajadores marcando los terrenos en la vaguada entre las dos cimas más altas de Soltxate-Santa Lucía, con un par de excavadoras y varias zanjas que recorren el perímetro de lo que se supone será el futuro centro penitenciario.
En cuanto a la protesta de ayer, Julen Mendiguren, portavoz de la AAVV de San Jorge-Sanduzelai, subrayó que "la administración competente para parar las obras es el Ayuntamiento, y si éste no se atreve, debería hacerlo el Gobierno foral; sin embargo -añadió-, no actúan con firmeza porque están asustados o bien porque en el fondo su oposición a este emplazamiento es un gesto para la galería, sin convicción".
En cualquier caso, los ciudadanos reunidos ayer destacaron lo sucedido con las obras de la futura cárcel de Soria, cuyos trabajos previos llevan una semana parados hasta que se determine si la Junta de Castilla y León (opuesta al emplazamiento elegido) es competente para ordenar la paralización. El detonante del conflicto en Soria ha sido la tala de 400 robles en el paraje de La Laguna sin que se haya promulgado la declaración de impacto ambiental, trámite que el Gobierno central se ha comprometido a redactar en Soria pero que ha eludido en el caso de Pamplona.
"Allí ni siquiera se trata de una reserva paisajística, algo que sí sucede en Soltxate", recalca Julen Mendiguren. "La ubicación de la cárcel la eligió Javier Caballero, como consejero de Interior del Gobierno de UPN, e Instituciones Penitenciarias la dio por buena sin buscar alternativas, lo que incumple la normativa".
