la mayoría de los casos de corrupción urbanística, pese a lo que pudiera parecer, no tiene como telón de fondo un enriquecimiento personal rápido y desmesurado. Aunque los más conocidos sean un claro ejemplo de lo contrario, con famosos implicados y cuentas bancarias multimillonarias, la corrupción tiene más que ver con una solución, tan rápida y fácil como ilegal, a la precaria situación financiera por la que atraviesan los ayuntamientos que no pertenecen a Comunidades con régimen foral, que con ambiciones personales desmedidas.

El crecimiento basado en el ladrillo lleva aparejado una serie de servicios que los ciudadanos reclaman y los consistorios no pueden ofrecer. Las arcas municipales están medio vacías en muchos casos y echar mano de los constructores y los promotores inmobiliarios es un recurso fácil y socorrido. Esta situación provoca que la financiación de los servicios de una urbanización se tenga que costear con las licencias de construcción procedente de otras nuevas y así sucesivamente, ya que además de agua, alcantarillado, basuras y otros servicios, hay que construir y mantener polideportivos, parques, centros de salud, escuelas, aparcamientos, Policía Municipal, etc.

En los casos de corrupción los pagos ilegales también suelen servir para financiar a los partidos políticos que están detrás de muchos de los ayuntamientos.

Pero en medio de las prácticas ilegales y corruptas de muchas corporaciones para poder cubrir los presupuestos municipales surgen los que copian los procedimientos para llenar cuentas corrientes en paraísos fiscales con el dinero que reclaman a las promotoras inmobiliarias. En el año 2005 llegaron a construirse en el Estado español, la escalofriante cifra de 800.000 viviendas, tantas como las construidas, en el mismo periodo, entre Reino Unido, Alemania y Francia juntos.

Estas prácticas han hecho que España, con una desbocada corrupción urbanística, acabe por alarmar a la Unión Europea. Las continuas entradas de alcaldes en los juzgados se deben, además de los problemas de financiación de la administración local, a un sistema de recalificaciones de terrenos que si no fomenta, al menos invita a este tipo de actuaciones.

Un último factor que aboca a la corrupción urbanística es el -por todos conocido- blanqueo de dinero negro, que ha contribuido además al gran incremento de los precios de los últimos años.

Recalificaciones La legislación española otorga al propietario de un terreno una enorme plusvalía en caso de que sea recalificado, en vez de que dicho beneficio revierta en gran parte en la sociedad, como sucede en otros países europeos. La tentación de pagar por recalificar es demasiado grande, sobre todo en las localidades costeras y en las afueras de las grandes ciudades.

Incluso el derecho a urbanizar, que el España otorga al propietario, en Europa le corresponde a la autoridad, ya sea local, autonómica o central.

La estrella de la corrupción urbanística es el municipio malagueño de Marbella, donde han visto afectados sus chalés desde actores de cine a cantantes. Todo en medio de truculentos romances y sonadas declaraciones ante el juez, y rodeado de un circo mediático sin precedentes.

Tres alcaldes, uno tras otro, fueron a dar con sus huesos en la cárcel -Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe- implicados en una trama dirigida por un estrafalario personaje que tenía un cuadro de Miró en el baño. Por si faltara algo, uno de los condenados, de profesión camarero antes de alcalde, era novio de una famosa tonadillera.

Cerca de Marbella, en Estepona se vive un caso del otro tipo de presuntas irregularidades. El de una supuesta financiación municipal a través de la construcción. El ex alcalde socialista, Antonio Barrientos, acababa en la cárcel en una causa que apunta a que las presuntas irregularidades cometidas no tenían como objeto el enriquecimiento personal de los imputados, entre los que se encuentra Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo.

Por encima de ideologías Sea como fuere, la corrupción urbanística se ha extendido como una mancha de aceite, sin atender ni a ideologías, ni comunidades. Afecta por igual tanto a la izquierda como a la derecha. En cuanto a la crisis económica habrá que esperar varios meses para ver es cómo se comporta ahora en los tiempos de vacas flacas en los que la construcción urbanística ha caído en picado.

Ahora el sector trata de rehacerse centrándose en la obra pública, un pastel al que no pueden acceder los especuladores, al menos en su versión más tradicional. Sólo abría un resquicio para intervenir en las adjudicaciones, aunque éstas cada día están más controladas.

En Cantabria se ha dado un hecho muy curioso, ya que dicha comunidad autónoma cuenta con evidentes ilegalidades urbanísticas, por las que prácticamente no hay imputados, ni detenidos, ni culpables, pero con más de mil familias -la mayoría vizcaínas- con sus casas pendientes de la piqueta.

Este es un caso único de corrupción anónima que deberán pagar todos los ciudadanos cántabros.

El caso español suena tanto en Europa que el Parlamento europeo ha aprobado un informe en el que critica con dureza la "urbanización masiva" en España y en el que sugiere suspender las ayudas de la UE al país en caso de que no se remedien los problemas.

Curiosamente contra este texto sólo votaron los europarlamentarios españoles del PP y PSOE, esta vez unidos contra la amenaza que viene del otro lado de los Pirineos. Otra prueba de que la situación del urbanismo en España no depende del color político, ni son casos aislados, ni fruto de tal o cual coyuntura; es un mal estructural.

Esto sucedía el pasado mes de febrero en la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo y es el colofón a una serie de tirones de orejas de la UE a la política urbanística española, primero centrada en el área de Levante, que sus señorías acabaron por extender a todo el Estado. Fueron 23 votos contra 11, una abstención y un emplazamiento para este lunes en Estrasburgo cuando está previsto que comience el Pleno de la Eurocámara -dura tres días- en el que se pronunciará sobre este duro informe.

Socialistas y populares españoles trataron de impedir su aprobación en la citada comisión con una batería de 127 enmiendas creyendo que los eurodiputados socialistas y conservadores tanto de Alemania como del Reino Unido apoyarían sus tesis frente a los verdes, IU y liberales, cosa que no sucedió. Ahora, con toda la maquinaria negociadora a pleno rendimiento, esperan que no vuelva a suceder lo mismo.