EL 9 de marzo de 1989, con la correspondiente filtración a El País -algunas cosas no cambian ni en 20 años-, el fútbol español supo que todos los clubes de competiciones profesionales se reconvertirían en sociedades anónimas en cuanto se aplicara la nueva Ley del Deporte elaborada por el Consejo Superior de Deportes (CSD). Las únicas excepciones -por sus balances económicos positivos en las cinco últimos años- eran Real Madrid, Barça, Athletic y Osasuna.

Con esa medida, la Administración intentaba atajar la terrible deuda del fútbol español -superior a los 24.000 millones de pesetas- y responsabilizar a los nuevos propietarios en la buena marcha de sus clubes.

La teoría parecía perfecta: los clubes dejaban de ser entes poco menos que alegales, con dirigentes sin responsabilidad jurídica ni económica, y entraban de lleno en la legislación mercantil. En teoría, todo endeudamiento excesivo se traduciría en la desaparición del club, como le sucede a cualquier sociedad anónima.

Fermín Ezcurra, presidente de Osasuna, se congratulaba de que al club se le dejara al margen de esa ley por su economía ejemplar, y mostraba su confianza en que acabara la práctica habitual hasta entonces: clubes con sus finanzas en situación mucho más precaria gastaban el dinero que no tenían para arrebatarle fichajes al club navarro.

A la vuelta de 20 años, es fácil concluir que la conversión en sociedades anónimas era necesaria pero no suficiente. Sobre todo, porque las instituciones públicas -diputaciones provinciales, ayuntamientos y cajas de ahorros-, aparte de subvenciones más o menos encubiertas, han dado liquidez a clubes que no lo merecían, permitiendo un nuevo endeudamiento salvaje (sólo a Hacienda deben 627 millones de euros). Y, después, por la propia ley (ahora en revisión), con recovecos que permiten artimañas como, por ejemplo, la que está realizando el Valencia para llevar varios meses de retraso en el pago a sus jugadores. Y a Osasuna le siguen arrebatando fichajes clubes con economías mucho más maltrechas que la suya...