pamplona. Cuatro ayuntamientos de la Comarca de Pamplona (Burlada, Villava, Zizur Mayor y Berriozar) se han comprometido a aplicar un código social y ético en su política de contrataciones, en plena crisis económica. Dos expertos jurídicos de la Red de Economía Alternativa y Solidaria trabajan codo a codo en la formación del personal técnico de estos ayuntamientos (secretarios, interventores, arquitectos, técnicas de igualdad...) así como de cargos públicos para la preparación o revisión de los condicionados que rigen las diferentes adjudicaciones de obras, suministros y servicios tanto de los consistorios como sus organismos autónomos (no personal). El servicio de asesoramiento, un proyecto piloto impulsado por REAS, cuenta con ayudas del Gobierno foral y con recursos de los propios ayuntamientos, y existen otros ayuntamientos en lista de espera que apuestan por una compra "verde, ética y social". El factor sostenible abarca desde la adquisición de material de oficina hasta la contratación de un servicio como la atención domiciliaria. El trabajo implica además a "todo el personal" municipal que decide así desde una óptica "transversal" sobre contratos de diferentes áreas municipales.
La clave es establecer unos criterios a la hora de contratar a una empresa o un profesional. El término sostenibilidad engloba la inserción de colectivos desfavorecidos (discapacitados y personas en riesgo de exclusión), calidad en el empleo (temporalidad, salarios...), igualdad de género (conciliación de la vida familiar y laboral, igualdad salarial, más mujeres contratadas en sectores discriminados...), medio ambiente y comercio justo (tienen un sello y están en el mercado).
Significa mucho más que comprar aquel café donde el productor haya recibido un salario justo o maderas que garanticen una tala sostenible de bosques. La economía solidaria, alternativa al modelo económico actual neoliberal, introduce un elemento de "responsabilidad" en las contrataciones públicas y consigue que las administraciones más próximas al ciudadano no se limiten a seguir criterios "economicistas". Esta gestión ética no encarece la gestión -lo único que puede ser más caro es la compra solidaria pero con otros réditos sociales, aseguran- y sí resulta más "eficiente" además de suponer una "inversión" a futuro, admiten sus responsables.
Existen por otro lado herramientas legales que las Administraciones Públicas disponen para empezar a incluir la sostenibilidad como criterio a la hora de realizar la contratación de bienes y servicios, tal y como ya se realiza ahora con el precio, la calidad o el servicio prestado, éste último criterio todavía predominante, además de respetar unos principios generales de transparencia y la libre competencia. "No se pueden introducir elementos que distorsionen el mercado pero se pueden introducir legalmente otros aspectos", destaca Eliana Alemán. Precisamente una de las principales dudas de los ayuntamientos (todos ellos dirigidos por NaBai salvo Burlada, del PSN, en coalición con NaBai e IU) ha sido la de poder cumplir la legalidad y evitar posibles recursos en la puja entre empresas. "Además, en la medida en que se exija a las empresas, éstas van a ser más responsables, como ya está ocurriendo en Cataluña o País Vasco, más avanzados en esta materia. Y cualquier empresa, por muy grande que sea, puede ser ética si cumple unas condiciones, no estamos hablando de ONG o organizaciones sociales ", concluyen.
Un ejemplo de este modelo de contratación ha sido el Auditorio de Barañáin que adjudicó su servicio de limpieza el año pasado con un baremo que, en colaboración con REAS, introdujo valoraciones sociales. Gracias a ello optaron empresas a las que se exigía que utilizaran productos respetuosos con el medio ambiente y una política interna de contratación de integración de sectores desfavorecidos y mujeres, explica Mikel Artxanko. El reto de estas iniciativas es garantizar "compromisos de continuidad para que no dependa de vaivenes políticos.
inercia Hasta ahora las experiencias que ha habido hasta ahora de este tipo de contrataciones en los ayuntamientos han sido "muy esporádicas". "Sí que ha habido inquietud e interés pero faltaba la parte técnica. También es verdad que muchos técnicos están desbordados de trabajo y de ahí la necesidad de ir poco a poco, con apoyo de profesionales", precisan. La práctica habitual es que "en contratos menores se sigue una inercia por precio o por la empresa con la que ya se viene trabajando". En relación a la tendencia de ir externalizando servicios -fundamentalmente sociales-, recuerdan que existen centros de inserción sociolaboral comprometidos con estos principios. Aclaran también a quienes son más reacios a este tipo de contrataciones que no se pretende "favorecer a determinadas empresas" sino "cierto tipo de comportamiento de empresa": "Cualquier empresa socialmente responsable no necesita crear ningún centro de inserción social para tener personas excluidas o un convenio colectivo en condiciones".
