PamplonA. Nafarroa Bai registró ayer una proposición de ley con la que se pretende favorecer la inserción laboral de los colectivos más desfavorecidos a través de la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos de las administraciones. Las cláusulas sociales proporcionarían la reserva de un determinado número de puestos de trabajo a las personas en situación o riesgo de exclusión social, valorando esas cuestiones entre un 10% y un 20%. La aprobación de esta proposición "supondría una protección importante para los sectores más excluidos de nuestra sociedad, que son precisamente quienes más sufren las consecuencias de la crisis económica", aseguró el parlamentario de NaBai Ioseba Eceolaza, que presentó la proposición junto a María Luisa Mangado y Asun Fernández.

La reciente comparecencia parlamentaria sobre la renta básica puso en evidencia que Navarra, pese a ser una de las comunidades con menor porcentaje de pobreza relativa, presenta una amplia desigualdad social. Así, Eceolaza explicó que la proposición para que en los contratos públicos se incorporen características sociales se plantea "para equilibrar esa paradoja".

Con esta medida se pretende favorecer a las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social ya que "el trabajo es una de las herramientas principales para lograr la inclusión". Por ello, consideró que "las instituciones deben actuar decididamente en ese campo". El grupo parlamentario consideró que "pese a los escasos niveles de desempleo", existen personas con "nula, baja o muy baja empleabilidad", otras en situación de "clara precariedad o que reciben salarios muy bajos", así como personas que "trabajan en situación irregular o en la economía sumergida". Asimismo, aseveró que los dispositivo de empleo no se suelen dirigir a estos sectores, sino a "personas con mejores capacidades y mayores posibilidades de acceso al empleo".

La proposición plantea que en los procesos de contratación pública se valoren y puntúen cuestiones como el porcentaje de personas con discapacidad o en situación de exclusión, la perspectiva de género, la calidad del empleo, el trabajo indefinido, la seguridad y salud laboral, la utilización de productos de comercio justo, la contratación o subcontratación con empresas de inserción y centros especiales de empleo, los criterios de accesibilidad y diseño universal para todas las personas, y el cumplimiento de las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo.

En este sentido, Eceolaza indicó que "frente a recetas clásicas de la derecha como la contención del gasto público o la congelación de las pensiones, planteamos responsabilidad social y calidad en el empleo".

Presente en la ley actual Algunas de las cuestiones sociales ya están presentes en la actual ley de contratos públicos de Navarra. "Contempla criterios de género, medioambientales o de calidad del empleo, pero de una manera insuficiente y sólo en casos de discernir un empate. No nos inventamos nada, es una propuesta razonable", afirmó el parlamentario de NaBai.

Además, una Directiva Europea de 2004 "contempla la posibilidad y la idoneidad" de incluir este tipo de cláusulas en los contratos de las Administraciones, al igual que lo hace la ley estatal de 2007.