el reconocimiento social, moral y político a las víctimas de la violencia terrorista era una realidad ciudadana en este país que tiene también su propia normativa legal. Se ha utilizado en muchas ocasiones el sufrimiento de las víctimas y sus familiares como un bochornoso instrumento político en la batalla electoral -incluso sin reparo en extender el fanatismo y la confrontación como puntales de una estrategia oportunista y antidemocrática-, aun en contra de la voluntad de buena parte de esas mismas víctimas. Un reconocimiento ético necesario para alcanzar la verdad y la deslegitimación del terrorismo como instrumento político y apuntalar la conciliación tras 40 años de quiebra social por la violencia. El reconocimiento de las víctimas asume el dolor real que ha trasladado a la sociedad el terrorismo, un dolor que afecta a unas víctimas y a otras, a unos familiares y a otros. Porque también Ricardo García Pellejero o Aniano Jiménez, José Luis Cano, Mikel Zabalza, José Miguel Etxeberria y otros son víctimas con una dimensión social, ética y política propias. Todas las víctimas del terrorismo son parte de la tragedia colectiva de este país, en unos casos son sufrimientos distintos, en otros ni siquiera eso. Lo importante es asumir que la verdad y la justicia no son derechos exclusivos de las víctimas de ETA, sino de todas las víctimas, también las de los crímenes alentados en las entrañas del Estado. Es cierto que la condición de víctimas no otorga verdades absolutas, pero también lo es que sus miradas específicas forman parte de esa realidad de este país y son claves para pasar democráticamente esta negra página de la historia.