madrid. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que la nueva Directiva Europea de Retorno, aprobada el miércoles por el Parlamento Europeo, "no afecta a la legislación española", por lo que no se hará ninguna trasposición que conlleve ampliar el tope de internamiento de los inmigrantes ilegales a dieciocho meses.
La votación provocó serias fracturas dentro del grupo socialista, ya que mientras la mayoría de los socialistas europeos se pronunciaron en contra, los españoles -a excepción de Josep Borrell, Raimon Obiols y Martí Grau- respaldaron el texto.
De la Vega compareció ayer tras la constitución de la Comisión Delegada del Gobierno para Política de Inmigración, de la que forman parte los ministros de Exteriores, Interior, Trabajo e Inmigración, Fomento e Igualdad.
La vicepresidenta ratificó la voluntad del Ejecutivo de presentar una reforma "limitada" de la Ley de Extranjería antes de que concluya el año, en la que se podría ampliar el plazo de 40 días de privación de libertad hasta 60, para dotar de más tiempo al proceso de repatriación de los inmigrantes irregulares.
A su juicio, la directiva aprobada en la Cámara europea permite "establecer garantías donde no las había", ya que unos nueve países ni siquiera tenían un límite de internamiento de los inmigrantes y era conveniente adoptar una "política común".
Ésta no es la situación de España porque la retención de extranjeros antes de su expulsión está contenida "en una legislación muy garantista", que es "eficaz", y sus procedimientos están "todos judicializados" en las "mejores condiciones".
"No afecta a nuestro ordenamiento interno", sentenció la vicepresidenta sobre la normativa de la UE, que fue criticada duramente por los países latinoamericanos y por organizaciones sociales, por entender que criminaliza a los inmigrantes.
Por su parte, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, propuso ayer "restringir" la reagrupación familiar de los inmigrantes a los cónyuges e hijos menores de 18 años, puesto que consideró que el actual sistema más "extenso" podría motivar la llegada de "más de un millón de personas" en cinco años.
En CatalunyaRàdio , Corbacho recordó que España ha pasado de los dos millones a los cuatro millones de inmigrantes en cuatro años, por lo que la situación económica "también ha cambiado", señaló. Por ello, apostó por hacer una "nueva reflexión" y encarar los próximos años con políticas que se adapten "a esta realidad y al futuro".
El ministro Corbacho advirtió del "desequilibrio negativo" que puede comportar para la economía la llegada "masiva" de gente, más aún cuando estos no están todavía en edad productiva. Asimismo, señaló que el desequilibrio puede extenderse también al sistema asistencial y sanitario. >agencias
