madrid. El Ministerio del Interior dispone de un agente del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil por cada 15 mujeres que viven con una orden de protección por estar amenazadas por sus parejas o ex compañeros. Según datos de Interior y del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, las diferentes unidades de ambos cuerpos policiales dedicadas a la prevención y persecución de la violencia machista suman un total de 1.622 agentes que deben atender y proteger a un total de 23.524 mujeres.

Si a estas cifras se le suman los datos de Cataluña y del País Vasco, donde la prevención de la violencia de género está encomendada principalmente a los Mossos d'Esquadra y a la Ertzaintza, el número de mujeres que viven con una orden de protección se eleva a 27.976. El caso más llamativo es el de la Comunidad de Madrid, donde cada agente tiene a su cargo a 25 mujeres amenazadas y en el otro extremo, llama la atención el caso de Castilla y León, con una ratio de uno a siete. No obstante, según Interior, los policías y guardias civiles disponibles para combatir la violencia doméstica se han duplicado en los últimos cuatro años y, en algunas comunidades autónomas, casi se han multiplicado por tres.

126.293 denuncias De las 126.293 denuncias presentadas el año pasado por violencia de género, sólo 27.967 acabaron con una orden de protección, una de cada cinco. Las mujeres se lo siguen pensando antes de acudir a la Policía, ya que sólo el 11% de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas.

Además, el 30% de las mujeres asesinadas este año por su parejas o ex parejas había denunciado a su agresor, aunque dos habían retirado la denuncia, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Las cifras reflejan que cinco de las siete denunciantes habían solicitado medidas de protección pero los jueces sólo se las concedieron a cuatro. En lo que va de año, 24 mujeres han muerto a causa de la violencia machista, cifra que podría elevarse a 28 si se confirman los cuatro casos que se están investigando, lo que supondría cuatro asesinadas más que en el mismo periodo de 2007.

Para el portavoz de la Asociación de Jueces para la Democracia, Jaime Tapia, que una mujer muera después de haber denunciado es un "absoluto fracaso", situación que obliga a los poderes públicos a tomar "medidas realmente eficaces".

Para el portavoz de la Asociación de Profesionales de la Magistratura, Antonio García, "una buena parte" de estas muertes se evitaría si las víctimas no reanudaran la relación con su pareja, hecho que se produce porque hay hijos en común, la mujer sigue queriendo al hombre o porque hay una dependencia económica.

Para la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, esta situación es "intolerable" y defendió la validez de la ley "aunque para que se efectiva los agentes implicados debe aplicarla con todo su rigor". >efe