VITORIA. El Gobierno Vasco defendió ayer de nuevo a ultranza la legitimidad de la consulta prevista para el próximo 25 de octubre en boca de su portavoz, Miren Azkarate, y del consejero de Justicia, Joseba Azkarraga. El entorno del lehendakari sostiene que la falta de vinculación jurídica de la iniciativa habilita su encaje constitucional e impide su impugnación por parte del Gabinete Zapatero. Cunde por ello la percepción de que el debate avanza por un camino equivocado. No toca ahora dirimir si la Constitución permite la convocatoria o no, ni pertrecharse y colocar un paraguas jurídico para soportar de recursos que se avecina. Es momento de seguir buscando cauces de diálogo que propicien un escenario en la que la voz de los vascos sea escuchada. "¿Qué hay de malo en preguntar a la sociedad y saber qué opina?", lamentó ayer Azkarate en declaraciones a EiTB extendiendo sus críticas a la falta de voluntad de diálogo del presidente Zapatero.

Esa interrogante que encierra el espíritu del derecho ha decidir ha marcado las últimas legislaturas del Parlamento Vasco y su eco crecerá día a día las próximas semanas con las vista puesta en el pleno del 27 de junio, fecha en la que el lehendakari buscará el apoyo de los grupos para convocar la consulta.

La portavoz de Ibarretxe les recordó ayer a los socialistas que la primera pregunta prevista en la consulta es prácticamente un calco de la resolución del Congreso aprobada en 2005 para un final dialogado de ETA. Azkarate hizo hincapié en que Patxi López siga defendiendo la posibilidad de acabar con la violencia a través de una negociación con la organización terrorista pero considera que "no se dan las circunstancias" en la actualidad. El reproche es una constante desde Ajuria Enea, donde no se oculta el malestar que produce el enredo jurídico que se está gestando en torno a la propuesta de Ibarretxe con las continuas declaraciones de políticos y juristas, mientras el diálogo sobre la esencia del proyecto continúa en vía muerta.

En el extremo opuesto, tanto el PSE-EE como EHAK censuran el carácter cerrado de la hoja de ruta. El PP denuncia su impronta "rupturista". La negociación previa al pleno del 27 de junio es casi una quimera. Las posibilidades de que la consulta sea convocada son inciertas y están condicionadas a los votos de la marca electoral de la izquierda abertzale histórica, tan imprevisibles como estigmatizados a ojos de los partidos constitucionalistas. El laberinto político se complica con la concurrencia de un importante componente judicial en la controversia.

Frente judicial El Gobierno Vasco prefiere de momento no pronunciarse en demasía al respecto. Aunque el consejero de Justicia recurriera a la descalificación de algunos jueces, la consigna oficial en el Ejecutivo es mantenerse a la expectativa, mantener la firmeza en la defensa del proyecto mientras se aguarda a la evolución del camino judicial. La vía de los tribunales se abrirá antes del 27 de junio si, como todo apunta, el PP busca frenar la celebración de ese pleno.

El objetivo es no alimentar el debate sobre la inconstitucionalidad de la consulta porque en el trasfondo el lehendakari ve un problema de voluntad política por parte de Zapatero, que puede o bien permitir la consulta o abrir una negociación que aplace los hitos de la hoja de ruta. Forzar cualquiera de estos dos escenarios es hoy en día imposible a tenor de las señales que llegan desde La Moncloa.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, centró ayer su valoración precisamente en el encaje constitucional. En la rueda de prensa posterior a l a reunión semanal del Consejo de Ministros y con un discurso marcado por el propio Zapatero, la número dos del Ejecutivo español afirmó que la propuesta del lehendakari es "manifiestamente contraria a la Constitución". Poco más dio de sí su intervención.

Los argumentos del lehendakari "carecen de toda base y fundamentación jurídica". No es cierto que la consulta no sea vinculante y tampoco que se trate de una iniciativa que no avanza por la vía del referéndum, sostuvo. La democracia "no permite falsos atajos" y el Gobierno español "será firme" a la hora de poner freno a la iniciativa, recalcó. No hay espacio para el diálogo salvo en Euskadi y con los partidos vascos. Uno de los protagonistas de ese hipotético marco de discusión, el PSE criticó ayer con dureza al tripartito por "lanzar insultos y mentiras contra Zapatero" en su defensa de la consulta. El secretario de Organización de los socialistas vascos, Rodolfo Ares, rechazó en un comunicado la propuesta del lehendakari porque se trata de "una bandera electoral para la división". También recordó que Patxi López ha mostrado su voluntad "de diálogo y entendimiento". Sin embargo, los caminos parecen bloqueados.