vitoria. El lehendakari Juan José Ibarretxe presentó ayer su proyecto de ley de consulta, una propuesta basada en dos pilares: el final dialogado de la violencia de ETA y el acuerdo entre todos los partidos, sin exclusiones.

"45 segundos". Éste es el tiempo que el lehendakari demanda a cada ciudadano vasco para que lea las dos preguntas que contempla la consulta popular y avale la búsqueda de una nueva vía para alcanzar la paz y la normalización. De momento, el próximo paso que le separa a Juan José Ibarretxe de llevar a la práctica esta iniciativa, después de que fracasara en su búsqueda de acuerdo con el presidente del Gobierno, es el plácet del Parlamento Vasco, una meta que tras hacer público el enunciado de la iniciativa plebiscitaria parece más cercana.

Y es que la ausencia de una condena explícita a ETA -como ya se conocía- y de la petición expresa para que la organización terrorista desaparezca podría concitar el apoyo del grupo de Ezker Abertzalea, lo que rompería el empate que, hoy por hoy, reflejan en la Cámara la suma de los votos del tripartito más Aralar frente a la unión de los socialistas y populares. El mensaje crítico con ETA protagoniza, sin embargo, el trasfondo de la primera cuestión, según explicó ayer el lehendakari en la presentación del proyecto de ley de Convocatoria y Regulación de una Consulta Popular aprobado en un consejo extraordinario por su Gabinete.

principio ético El primero de los dos enunciados pone como condición para sumarse a "un proceso de final dialogado de la violencia" que previamente ETA manifieste "de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre". Ésta será la cuestión basada "en el principio ético" que los ciudadanos deberán contestar con un sí o un no. ¿Por qué esta pregunta? "Porque queremos poner a ETA en su sitio exigiéndole que abandone la violencia de una vez y para siempre", aclaró el jefe del Ejecutivo vasco.

El texto emula el acuerdo alcanzado hace dos décadas en el Pacto de Ajuria Enea y la resolución del Congreso de los Diputados leída por Zapatero que puso las bases de la tregua de 2006 y que contó con el respaldo de toda la Cámara baja salvo el PP.

Pero la explicación ofrecida por el lehendakari va más allá. En una intervención cargada de solemnidad analizó lo que se podría interpretar como la justificación de por qué no existe una condena explícita a las acciones de la banda armada en la consulta. "El rechazo más contundente y efectivo de ETA y la violencia es exigir su desaparición (...) diciéndole que la política corresponde solamente a los políticos, que somos los legítimos representantes del pueblo".

"30 años de incumplimientos" Bajo la premisa del principio democrático, la segunda pregunta hace hincapié en la conveniencia de que los partidos vascos, "sin exclusiones", negocien para alcanzar un acuerdo sobre el ejercicio del derecho a decidir y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum en un plazo de dos años.

El Gobierno Vasco pretende de esta manera poner fin a "30 años de incumplimientos", los que lleva vigente el Estatuto de Gernika con competencias que en reiteradas ocasiones han sido demandadas sin éxito por las instituciones vascas.

Ibarretxe da por hecho que el Parlamento autonómico no cerrará las puertas a esta iniciativa, sino todo lo contrario. Considera "imposible" que un solo parlamentario sea capaz de "negar la palabra al pueblo vasco". Ni siquiera contempla que la falta de negociaciones previas con los demás grupos de la Cámara puedan ser obstáculo para que se sumen -sin ningún tipo de aportación por tratarse de una tramitación a través de la fórmula de lectura única- al andamiaje legal de la consulta.

El líder nacionalista justificó la ausencia de contactos previos con las demás formaciones en que esta iniciativa corresponde de forma exclusiva al Gobierno y señaló que cada partido tendrá la oportunidad, a través de su grupo parlamentario, de trasladar su posicionamiento al respecto en la sesión plenaria del 27 de junio, donde, insistió, espera el "sí rotundo de todos los partidos".

Pero la realidad es otra. A pesar de que la negativa del bloque constitucionalista -formado por PSE y PP- sea insuficiente para frenar el proyecto de ley si la izquierda abertzale se suma al proyecto del tripartito, desde el Gobierno español reiteraron que si esta iniciativa supera el trámite parlamentario en Vitoria será el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien impugne el acuerdo ante el Tribunal Constitucional.

El lehendakari Ibarretxe tampoco contempla esta posibilidad y se ampara en el "riguroso" cumplimiento de la legalidad para que los ciudadanos vascos puedan ofrecer su opinión a través de un proyecto que, según añadió, cuenta "con todas las garantías, es absolutamente legal y absolutamente democrático". No obstante, el máximo responsable del Gobierno Vasco admitió que la validez de la consulta será "política y democrática", pero no jurídica, al carecer el País Vasco de competencias para convocar un referéndum. >a.a.