madrid. Las violaciones de derechos humanos y los malos tratos por parte de los representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado son una práctica "constante y extendida" en España y "gozan de una impunidad efectiva", según el informe anual de Amnistía Internacional (AI) correspondiente a 2007.
Las principales víctimas de los malos tratos de los agentes españoles son los inmigrantes, los solicitantes de asilo, los menores no acompañados, las víctimas de la violencia de género y los presos etarras, según el informe de AI, que analiza el estado de los derechos humanos en todo el mundo.
El informe, presentado por la presidenta de Sección Española de Amnistía Internacional, Itziar Ruiz-Giménez, y por el director de la Sección Española de esta ONG, Esteban Beltrán, pone de manifiesto que en nuestro país los malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado "no son sistemáticos" pero sí una práctica repetida y extendida.
En cuanto a las denuncias de malos tratos de los etarras, la ONG reconoció que cabe la posibilidad de que fueran falsas, aunque denunciaron que en estos casos "las autoridades judiciales no las investigan", y por lo tanto, "no sabremos si son ciertas o no hasta que no lo hagan".
Además, pese a las últimas medidas desarrolladas por el Gobierno, como la Ley Integral contra la Violencia de Género, las víctimas de malos tratos siguieron encontrando "obstáculos a la protección, justicia y reparación de los hechos".
La situación es especialmente negativa para las extranjeras que viven en España en situación irregular, porque ni siquiera se atreven a denunciar lo ocurrido por miedo a que se les abra un expediente de expulsión -como marca la ley-, según Itziar Ruiz-Giménez.
Por otro lado, según esta ONG, en 2007 se impidió el acceso al territorio español a inmigrantes y solicitantes de asilo político que fueron derivados a centros extraterritoriales (principalmente de Marruecos y Mauritania) y en condiciones que "no se ajustaban a las normas internacionales".
En ese sentido, el informe de AI recuerda el caso del Marine I , una embarcación que fue interceptada por Salvamento Marítimo frente a las costas africanas con 369 inmigrantes a bordo. Pese a las recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU para el Refugiado (ACNUR), el Gobierno español no concedió el asilo político a ninguno de ellos, sino que los repatrió a sus países de origen o los envió a centros de detención de Mauritania.
De la misma manera, el Gobierno español expulsó a menores no acompañados, que fueron repatriados "bajo el falso pretexto de reagrupaciones familiares" sin las "mínimas garantías para su seguridad", denunció Ruiz-Giménez.
El informe denuncia también la permisividad del Gobierno español con los vuelos estadounidenses que, en dirección a Guantánamo, "hicieron escala o sobrevolaron los aeropuertos españoles" y pide al Parlamento Europeo que no apruebe el proyecto de directiva de retorno de inmigrantes porque es un texto "que atenta contra los derechos humanos" sobre los que se cimentó la fundación de Europa hace sesenta años. >agencias