pamplona. Los promotores del Manifiesto a favor de Bardenas presentaron ayer por la mañana un conjunto de nuevas actividades con las que quieren conseguir que desaparezca "de una vez por todas" el polígono de tiro del parque natural de las Bardenas, en el que se han producido más de 70 accidentes durante los 57 años que lleva instalado en la ribera navarra.

Ángel Rico, portavoz del Manifiesto, mostró su deseo de que ante la expiración este próximo mes de diciembre de 2008 del arrendamiento de la Junta de las Bardenas al Ministerio de Defensa, no se vuelva a renovar la licencia para que "tras tantos años de ocupación, las Bardenas dejen de tener un polígono de tiro que sólo favorece el desarrollo armamentístico y que genera un grave problema para todos los pueblos de la zona".

Entre las actividades que el colectivo desarrollará durante los próximos meses para impedir que se renueve dicha licencia, destaca la convocatoria de una manifestación para el sábado 19 de abril en Pamplona. Marcha que el Manifiesto desea que sea "igual de masiva" que la celebrada hace 20 años.

Además de esta movilización, los promotores realizarán una "masiva" recogida de firmas con las que pretenden mostrar al Parlamento Foral el rechazo de Navarra al polígono de tiro pese a que este ya ha señalado que no tiene competencia en el asunto. Antes de la manifestación, Manifiesto a favor de Bardenas convocará una concentración frente a las puertas de la Junta de las Bardenas para pedirle que "no se vendan por dinero". "Queremos decirles que no alquilen el parque natural por dinero, que tengan en cuenta la opinión de toda Navarra para no renovar", añadió el portavoz de la promotora.

fin del convenio El Parlamento de Navarra expresó el pasado martes el deseo de que el polígono de tiro de las Bardenas sea desmantelado al finalizar el convenio vigente en diciembre de 2008, "siendo conscientes de la necesidad de que el Ministerio de Defensa encuentre una alternativa". Ante esta postura, Ángel Rico dijo que "defrauda" el "cinismo" con el que actúan las autoridades autonómicas, que aunque se han posicionado en contra en más de una ocasión, alegan después no tener capacidad de decisión.